Por Amparo Quintana, mediadora y abogada.
La Fundación ATYME acaba de publicar su estudio sobre la custodia compartida de los hijos cuando es dictada por una sentencia judicial en el ámbito contencioso. Hace unos años, ya se editó otro trabajo relativo a cuando es pactada por ambos progenitores, lo que hacía muy atractivo, a priori, averiguar qué concomitancias pudiera haber entre ambas situaciones, así como las principales diferencias, más allá de la imposición o no por parte de los tribunales.
Tras un año de entrevistas, análisis de los datos obtenidos y reflexiones del equipo investigador, se optó por colocar entre interrogaciones el título del estudio porque, a pesar de que se trata de un tema del que se habla mucho y sobre el que se opina a menudo en sentido favorable, en realidad nos hemos topado con bastantes reticencias para aceptarlo y asumirlo cuando, a falta de acuerdo entre los protagonistas, es el juez quien impone que los menores queden bajo la custodia del padre o la madre. Y esto es así porque, en un contexto de enfrentamiento, con los sentimientos a flor de piel y quizá con duelos aún no elaborados, las partes lo viven bajo el cliché de ganar y perder, aferrándose a lo que piensan que les queda entre tanta devastación emocional: sus hijos.
Si a esto añadimos que nuestro ordenamiento jurídico une las cuestiones meramente parentales con otras de carácter patrimonial, el conflicto suele complicarse y escalar con imprevisibles consecuencias. Así, aparte de determinar con quién y cómo han de vivir unos niños, saldrán a la palestra otros temas como la utilización del domicilio familiar o el reparto de gastos, por ejemplo. Temas por sí importantes, pero que a veces sirven para que las partes se enroquen en posiciones intransigentes. De ahí que, en el estudio ¿Custodia Compartida? que se puede leer en este enlace, se abogue por llevar a cabo una reforma profunda del derecho de familia permitiendo, entre otras cosas, que los aspectos de custodia se unifiquen con los de patria potestad y se resuelvan de forma separada a los meramente patrimoniales. Con ello se evitarían apreciaciones y sesgos interpretativos basados en necesidades materiales (“no tengo posibilidad de buscar otra casa”) y prejuicios (“el otro no puede tener a los hijos porque jamás se ha ocupado de ellos”).
Llama también la atención que esta situación adversarial no se circunscribe a los primeros estados de la ruptura de pareja (separación o divorcio), sino que en muchas ocasiones se extiende a tiempos posteriores, dando lugar a un rosario de demandas con múltiples posibles incidentes judiciales… y unos hijos debatiéndose en disputas que le son ajenas.
Para muestra, basta el botón del siguiente esquema donde, de manera sucinta, se expone el camino judicial contencioso:
De una simple ojeada cualquier persona, sea o no jurista, puede entender que el litigio parental pue-de convertirse en un calvario donde las propias partes no saben qué va a pasar, dado que no son ellas quienes dirigen el proceso. De ahí que sea necesario fomentar fórmulas que devuelvan el pro-tagonismo a los progenitores, donde puedan redefinir el tipo de relación que desean mantener frente a su hijos, que termine sin perdedores y que no afecte colateralmente a los menores. La mediación es una vía adecuada para esto, dado que permite a las partes dialogar sobre lo que realmente les importa y tomar decisiones que favorezcan el consenso familiar. Igualmente, una justicia terapéutica ayudará en esos casos donde el dolor dificulta esa toma de decisiones.
Por lo demás, lean este interesante estudio; ni les defraudará ni les dejará impasibles
